La mayoría de los estados fijan edades mínimas y máximas para juzgar a personas como menores o adultos. Igual como a los adultos, los menores pueden ser acusados de delitos mayores y de delitos menores. Sin embargo, sólo los menores pueden ser acusados de delitos por una condición o status offenses en inglés. Esa condición es ser menor de edad. Algunos ejemplos de estas ofensas incluyen: ausentarse a la escuela, violar un toque de queda o huir de su hogar.
El fiscal debe comprobar, de la misma manera que se hace con adultos, que los menores tuvieron una intención criminal o dolo al cometer un delito. En general, en la mayoría de los estados, está establecido que los niños menores de 6 años no son capaces de desarrollar la actitud mental para cometer ciertos delitos. Sin embargo, se considera que los niños entre los 6 y 16 años (o 17 y 18, según el estado) son capaces de tener la intención criminal necesaria para ser acusados de delitos violentos.
Igual como a los adultos, los menores pueden presentar argumentos y defensas validas al crimen por cual se les acusa. Además, tanto los adultos como los menores pueden alegar que no tienen responsabilidad criminal debido a problemas graves de salud mental o retrasos pronunciados en su desarrollo. Deben presentar la documentación médica que acredite esas condiciones.
Cuando se acusa a un menor de un delito violento, como agresión agravada u homicidio, en general, los tribunales realizan una audiencia de renuncia a la jurisdicción o de transferencia para determinar si el menor debe ser juzgado como adulto. Cuando se le juzga como menor, los estados generalmente mantienen la jurisdicción sobre el niño hasta que cumpla los 18 o 21 años de edad.
Determinar si un niño debería ser juzgado como un menor o como un adulto es una decisión crítica. Las etapas de castigo pueden generar resultados muy diferentes en el caso de un menor o de un adulto. Además, en algunos estados, sólo los menores pueden pedir al tribunal que sus antecedentes criminales sean eliminados o sellados cuando sean mayores de edad.
Los estados se involucran en los casos de menores según el principio legal establecido en el caso Prince contra Massachusetts, el cual estipuló que el estado debe actuar como si fuera padre o madre de los niños para garantizar que reciban la atención y el cuidado necesario. Posteriormente, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que los procesos en los tribunales de menores son materia civil y no penal. El tribunal está comprometido a definir las necesidades del niño y de la sociedad, en lugar de simplemente emitir un fallo sobre una conducta criminal.
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Sistema de justicia juvenil
El sistema de justicia juvenil se utiliza en la gestión de problemas complejos como el juzgar a un menor como adulto o darle una "sentencia combinada" (blended sentencing) la cual puede incluir un castigo de adulto, castigo de menor o ambos.
Programas de justicia juvenil
La “intervención temprana” incluye programas como los tribunales especializados en rehabilitación para drogadictos, prevención de ausencia escolar o capacitación vocacional. De esta manera el sistema de justicia juvenil intenta disminuir la violencia.
Delitos que resultan de una condición
Son delitos cometidos por menores que pueden resultar en la suspensión de una sentencia o en la libertad condicional.