La expropriación gubernamental de bienes es una de las armas principales en la guerra contra el contrabando de drogas illegales. Es un poderoso elemento disuasivo y, a su vez, una fuente de ingresos de la que depende, cada vez más, el sistema de aplicación de la ley. Sin embargo, es un procedimiento que tiene muchas menos garantías procesales que el derecho penal.
La mayoría de las actividades de expropriación se encuadran en la ley federal y gran parte está relacionada con el tráfico de drogas ilegales. El Departamento de Justicia creó el National Assets Seizure and Forfeiture Fund en 1985 y reunió $27 millones a partir de expropriaciones relacionadas con el contrabando de drogas durante ese año. Para el año 1992, la suma total expropriada había ascendido a $875 millones. Muchos estados siguieron el ejemplo del gobierno federal y crearon sus propios programas civiles de expropriación. Las ciudades y otros gobiernos municipales cooperaron con las medidas de expropriación conforme a las leyes sobre las drogas, tanto federales como estatales. Utilizaron dichas leyes para tratar temas locales: desde viviendas inseguras hasta la prostitución y ahora también el problema de los conductores en estado de ebriedad.
La facultad de expropriación no es inherente. Por el contrario, se establece por ley. Está limitada por las leyes que otorgan esa facultad y por la Constitución de los Estados Unidos. La expansión de la actividad de expropriación propone constantes desafíos constitucionales. La Corte Suprema se ocupó, como mínimo, de media docena de casos relacionados a bienes expropriados durante la década de los noventa, pero sus fallos no lograron establecer una dirección concreta es esta area. Este breve estudio sobre la ley de expropriaciones esta basado los en fallos de la Corte Suprema.
La expropriación puede ser penal o civil. En la actualidad, casi todas las expropriaciones son civiles. La expropriación penal funciona como castigo de un delito. Por lo tanto, requiere una condena y la posterior incautación por parte del estado de los bienes en cuestión del delincuente. La expropriación civil se basa en el concepto legal (una ficción jurídica) de que la propiedad misma, y no el propietario, ha violado la ley. Por ende, el procedimiento se realiza contra el objeto o la cosa implicada en alguna actividad ilegal, especificada por la ley. A diferencia de la expropriación penal, la expropriación in rem no requiere una condena ni un cargo penal oficial contra el propietario. Aquí radica la fuente de su atractivo para los encargados del cumplimiento de la ley y, a su vez, la amenaza para aquellos preocupados por resguardar las protecciones constitucionales sobre el derecho a la propriedad.